lunes, 20 de febrero de 2017

“El PNV nombra a un constructor local como su representante para decidir el urbanismo del Zalla del futuro”.



El Plan General de Ordenación Urbana, (PGOU), es un instrumento de planeamiento general que sirve para ordenar el territorio y a través del cual se clasifica el suelo (urbano, rústico, no urbano), se determina el régimen aplicable a cada clase de suelo, y se definen los equipamientos necesarios y la reserva de suelo para éstos.

Enmarcado dentro del PGOU del municipio de Zalla, se encuentra, en su fase preliminar, la creación del Consejo Asesor para la Planificación Municipal (CAPM).

El CAPM es un órgano colegiado de carácter consultivo y deliberante, que permite la participación ciudadana a través de diversos colectivos En este órgano tienen cabida desde organizaciones medioambientales hasta asociaciones culturales pasando por organizaciones políticas. En este sentido, los técnicos municipales han propuesto que los partidos políticos y asociaciones vecinales como Zalla Bai, dejen su sitio en el CAPM a otras asociaciones al estar ya representados en el propio Ayuntamiento.

http://zallainfo.zalla.org/2017/02/herriko-zenbait-elkartek-osatuko-dute.html

Explicado el contexto, todo el mundo entiende que este órgano se crea para que, entre los técnicos, los ciudadanos y los representantes políticos elegidos por ellos, desarrollen el urbanismo del municipio.

Dicho esto, es difícil entender que para una tarea tan delicada, que tantos problemas e indignación ha generado entre la ciudadanía, el PNV haya elegido, como su representante en este organismo, a un constructor local.

Podemos decir que es legal, ahora bien, ¿es ético y estético nombrar a un constructor con numerosos intereses urbanísticos en el municipio como asesor de un organismo público?

El urbanismo ha caído numerosas veces en manos de políticos desaprensivos, cuando no, claramente corruptos. Si queremos que sean los ciudadanos/as quienes elijan como quieren desarrollar su pueblo, es necesario que empecemos por colocar a las personas adecuadas en los puestos de decisión.

La llamada corrupción urbanística es, simple y llanamente corrupción a secas, es decir, corrupción política y administrativa. El uso de información privilegiada, el cohecho, las adjudicaciones amañadas o la aplicación discrecional de la norma a cambio de compensaciones en dinero o en especie son corrupción; por eso es fundamental el buen funcionamiento de las instituciones expresado en forma de transparencia y participación ciudadana, que eviten estos fraudes. El urbanismo, como cualquier otra actividad profesional, no es corrupto per se, pero genera tal cantidad de intereses que necesita especial vigilancia por parte de las instituciones.

El PNV, al elegir a su representante en el CAPM, tendría que haberse planteado algunas preguntas: ¿Puede un constructor hacer aportaciones objetivas obviando sus propios intereses particulares?, ¿Es lógico que un constructor reciba información privilegiada sobre el desarrollo urbanístico que se está realizando en su pueblo?

No se trata de demonizar a un profesional que merece todos los respetos, y que podrá participar en este proceso más adelante como parte implicada; es algo más sencillo denominado Conflicto de intereses”. El mismo motivo por el cual un concejal debe abandonar el pleno y no participar en una votación sobre algo que le concierne.

Lo que nos tememos, y esto es lo peor, es que el PNV no ha actuado de mala fe en este asunto; simplemente ha actuado como lo viene haciendo desde hace mucho tiempo: mezclando política e intereses particulares y obviando el interés general. Llevan tanto tiempo fusionando los negocios y la política que el término “Conflicto de intereses” no les dice nada.


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