Los servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas, son unos servicios públicos de primera necesidad. Corresponde a la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) asegurar la prestación integral en Bizkaia, cooperando con los municipios en la ejecución de obras e instalación de servicios. Y en líneas generales así lo viene haciendo, tanto a través del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB) en aquellos municipios que hayan delegado la gestión en este Consorcio, como en los Ayuntamientos que aún gestionan estos recursos de forma directa.
Sin embargo, en Karrantza es diferente. No solamente se niegan a seguir colaborando, como hacían cuando gobernaba el PNV, sino que además ahora incumplen los diferentes convenios firmados entre la propia Diputación y el Ayuntamiento de Karrantza. Convenios como el del 2011, en el que se comprometían a realizar las obras de la EDAR (depuradora de aguas residuales) municipal y los colectores, o el firmado en 2014, para conectar mediante las oportunas tuberías, la nueva ETAP (depuradora de aguas de consumo) construida por la DFB con las depuradoras actuales. Las obras pactadas y firmadas, en ambos convenios, fueron suspendidas por la DFB de forma unilateral, como medida de presión para que el Ayuntamiento de Karrantza entre a formar parte del CABB.
El grupo municipal Karrantza Zabala que gobierna este Ayuntamiento, ha denunciado en numerosas ocasiones la imposibilidad de cumplir los requisitos exigidos por el CABB, puesto que le exige como condición inversiones que superan los 9 millones de euros para el abastecimiento de agua potable, o más de 20 millones en el saneamiento. El interventor municipal hizo un informe desfavorable a la entrada al Consorcio en esas condiciones porque no son viables para la estabilidad presupuestaria del municipio. Además, un informe elaborado por la propia DFB pone de manifiesto que más del 70% de las ganaderías del municipio se verían abocadas al cierre por no poder soportar tarifas tan elevadas.
Lo sangrante del asunto es que esos convenios incumplidos por parte de DFB, recogen expresamente que se han de llevar a cabo, y que la colaboración de Diputación es necesaria, precisamente porque el Ayuntamiento y el Consorcio no han llegado a un acuerdo que satisfaga a ambas partes. Existen municipios que pese a que tampoco están consorciados, sí han recibido la asistencia de la administración foral. El hecho de no entrar a formar parte del Consorcio, no puede ni debe ser justificación para abandonar un pueblo a su suerte. En este sentido, un dictamen del catedrático de Derecho Administrativo Luciano Parejo, concluye que esta rescisión de las ayudas es “ilegal tanto más cuando se utiliza como mecanismo disuasorio” la entrada en el Consorcio de Aguas, lo que supone “forzar la voluntad municipal.”
Todo esto, ha obligado a Karrantza Zabala a acudir a los tribunales para denunciar la actitud de la DFB, en defensa de los intereses municipales. La conducta de la DFB no hace sino poner de manifiesto una actitud intolerable por parte del PNV, que ofrece un trato discriminatorio hacia aquellos municipios gobernados por grupos independientes, equivocando una vez más su responsabilidad institucional con sus intereses de partido. Existen muchos otros ejemplos de actitudes similares. Los grupos independientes lo sabemos. Exigimos un trato igualitario, no discriminatorio. Lo contrario no nos perjudica solamente como grupos vecinales, sino que repercute principalmente en la calidad de vida de los habitantes de los municipios en los que tenemos responsabilidad de gobierno.