La catástrofe del 6 de febrero de 2020 en Zaldibar, además de llevarse por delante la vida de Alberto Sololuze y de nuestro vecino Joaquín Beltrán, destapó las vergüenzas de la nefasta política de gestión de residuos del Gobierno Vasco y demostró la ausencia de un control eficaz de las instalaciones más contaminantes por parte de este organismo.
De esta forma, tras las críticas sufridas tras lo de Zaldibar y a la espera de que la justicia determine las responsabilidades de cada uno, los pasados días 3 y 4 de junio de 2020 Gobierno Vasco realizó una inspección al vertedero de Las Lagunas de Zalla. El objetivo era conocer el grado de cumplimiento que la instalación tenía según las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental Integrada (AAI), bajo la cual el propio Gobierno Vasco controla la actividad del vertedero.
El resultado de ese informe lo recibe el Ayto. de Zalla en octubre de 2020 y su contenido no puede ser más inquietante: ¡16 desviaciones respecto a las condiciones de la autorización! Así, entre otros problemas detectados, se descubrió que en el vertedero, que lleva operando desde el año 2005, no se realizan mediciones de gas metano en la salida de lixiviados y de aguas superficiales, se realiza un deficiente mantenimiento de los sistemas de recogida de aguas pluviales, no funciona algún equipo de control, se incumple lo establecido en cuanto la superficie máxima expuesta al agua de lluvia y en cuanto al sellado de las áreas que no se encuentran en explotación, no se verifica la humedad de la carga de los lodos a la entrada al vertedero, los camiones no utilizan el lavarruedas, existen cabras en su superficie, etc. En el informe de inspección se recoge, asimismo, que Cespa como gestora del vertedero tiene un plazo de 30 días para presentar la documentación que acredite que se han corregido las desviaciones detectadas.
El equipo de gobierno PNV-PSE no hace público este informe de inspección ni informa del mismo a la oposición y hay que esperar a que, el 7 de diciembre de 2020 Zalla Bai lo reclame (junto con otros muchos temas pendientes sobre el vertedero) para que en el Ayto. se den cuenta de su contenido. Así, con fecha 22 de diciembre de 2020, esto es, 2 meses y medio después de recibir el informe de inspección y una vez que Zalla Bai le recuerda que existe, nuestros mandatarios municipales reaccionan enviando un escrito al Gobierno Vasco en el que piden que se les informe de la situación de las medidas impuestas a Cespa y le preguntan si no procede sancionar a la empresa por los incumplimientos detectados. Por supuesto, este escrito de nuestro Ayto. tampoco se ha hecho público hasta la fecha.
La respuesta del Gobierno Vasco que llega en enero de este año y que tampoco se ha hecho pública, no tiene desperdicio: por una parte indica literalmente que “el grado de cumplimiento de la AAI a fecha de la inspección es bajo”. Además, explica que la empresa todavía no ha subsanado todas las desviaciones muchos meses después de haber recibido el requerimiento y que, por lo tanto, ha incumplido el plazo de 30 días concedido. Ante estos hechos el Gobierno Vasco se limita a recordar la normativa que le permite sancionar a Cespa, pero sin hacerlo. Y aquí, acordándonos también de lo que ocurre con GLEFARAN cabe preguntarse: ¿qué tiene que pasar para que Gobierno Vasco sancione a una empresa contaminante?. Gobierno Vasco finaliza a su respuesta recordando que el Ayto. también tiene una responsabilidad en lo que respecta a la inspección y control del vertedero…. Llueve sobre mojado, pero este será el tema de la tercera y última parte de esta amarga trilogía sobre la situación actual del vertedero de Zalla.