En 1998, PNV, EA, PSE, Herri Batasuna y el PP aprobaron por unanimidad los pliegos para la construcción del vertedero. Fue la primera vez en la historia de nuestro pueblo en que la Corporación municipal estaba constituida por hasta cinco fuerzas políticas y, sorprendentemente, todas votaron a favor de la implantación del vertedero. Ahora, tras dos legislaturas en la oposición, han bastado unos pocos meses de gobierno PNV-PSE para que el vertedero se encuentre fuera de control y la transparencia brille por su ausencia.
Cuando Zalla Bai (ZB) llegó a la alcaldía se encontró con un vertedero que había rellenado de residuos 7 celdas de las 11 proyectadas y con múltiples incumplimientos en su Autorización Ambiental Integrada (AAI) gracias a la permisividad del Gobierno Vasco (GV).
En abril de 2014 ZB presentó un recurso de alzada contra la AAI del vertedero, solicitando a GV su cierre por los citados incumplimientos. Ante la negativa del GV y frente a la imposible batalla legal que supondría que el Ayuntamiento lo cerrara de forma unilateral, los esfuerzos de nuestra asociación vecinal se centraron en establecer un control riguroso de la actividad para paliar, en lo posible, la afectación al entorno. Para ello, el gobierno municipal de ZB emitió un decreto por el que se actualizó la licencia de actividad del vertedero, e impuso una serie de medidas correctoras, entre las que se encontraban el aumento de los análisis de control y el establecimiento de límites de emisión y de vertido a colector, la construcción de una depuradora de 2 millones de euros, la identificación y eliminación de las filtraciones de lixiviados al arroyo de La Jarilla y el abono al Ayuntamiento más de 200.000 euros anuales por el uso de viales públicos. Todo esto se hizo con total transparencia, publicando toda la documentación generada y recibida en la página web del Ayuntamiento que todavía puede consultarse en este enlace.
Han bastado unos pocos meses de gobierno PNV-PSE para que el vertedero se encuentre fuera de control: 3 incendios en poco más de 3 meses aún sin resolver (año y medio después), una empresa especializada pone sobre la mesa la necesidad de realizar un estudio de estabilidad y hasta otros 5 estudios más para verificar la situación del vertedero tras los incendios y no se hace nada, una inspección del GV que descubre que el vertedero incumple hasta en 16 aspectos las condiciones de su Autorización y que no supone sanción alguna… y todo eso pese al incremento del vertido de residuos y del tráfico de camiones, dándose la circunstancia de que en menos de 2 años ya se ha rellenado una celda, la denominada 9a y ya se ha pedido licencia municipal para rellenar la siguiente, la 9b, cuando en los 8 años del gobierno de ZB tan solo se rellenó la celda 8…
Y, ante esta situación, ¿qué están haciendo nuestros responsables del Ayuntamiento? Básicamente dos cosas: 1) limitarse a solicitar información a los diferentes agentes cuando reciben la presión de ZB pero luego no hacer nada más, independientemente de si les responden o no y de cuál sea el contenido de la respuesta, y 2) seguir concediendo licencias a Cespa para la apertura de nuevas celdas en el vertedero, sin imponer ningún tipo de medida correctora y pese a las continuas irregularidades de esta empresa, además de frotarse las manos por el aumento de la recaudación fruto del fuerte incremento del tráfico de residuos hacia el vertedero (entre el año 2020 y el año 2021 hay un aumento en el presupuesto municipal de 342.500 euros por este concepto). Todo esto además con el agravante de que ni siquiera publican en la web toda la documentación que se genera. ¿Qué criterio se sigue para decidir qué se publica y qué no? Parece que el que les marca la empresa de marketing político que tienen contratada con el dinero de todxs los zallenses: sale a la luz todo aquello que les lava la cara delante de la ciudadanía y se ocultan los informes y documentos que ponen de manifiesto todas las irregularidades que, día sí y día también, se cometen desde la empresa Cespa y los que demuestran la inacción del equipo de gobierno.
Quizás para encontrar la razón última de la dejadez con la que la actual Corporación municipal fiscaliza la actividad del vertedero haya que retrotraerse a la legislatura 1995-1999 en la que, a espaldas de la ciudadanía, TODOS los grupos políticos entonces representados en el Ayuntamiento, esto es, PNV, EA, PSE, Herri Batasuna y el PP aprobaron POR UNANIMIDAD los pliegos para la construcción del vertedero, inaugurando un período de clientelismo y puertas giratorias donde, a modo de ejemplo, concejales y personas afines a los partidos gobernantes pasaron a formar parte de la nómina de trabajadores de Cespa Conten. ¿Casualidad?